Los actuales modelos, enfoques y políticas públicas en materia de drogas, lejos de cumplir con sus objetivos declarados tales como proteger la salud de la población, disminuir la demanda, controlar la oferta, entre otros, han generado problemas aún mayores y más complejos que los que pretendía solucionar siendo la expansión del narcotráfico, la corrupción, el aumento en el consumo de sustancias entre menores, la criminalización y vulneración de los derechos de las personas usuarias, algunas de sus caras más dramáticas.
La Ley 20.000 de Drogas ha sido un despilfarro de recursos, no ha cumplido con sus objetivos y no ha velado por la salud de la población.