El costo de oportunidad es muy grande; Es un enfoque económica y operacionalmente caro e ineficaz.
Hay un claro desperdicio de recursos en torno a la Ley 20.000 de drogas. El estado chileno gasta millones de dólares en una política muy inefectiva. En chile solamente durante el 2010 se gastaron alrededor de 350 USD millones en la “guerra contra las drogas”, correspondiente al 0.16 del PIB del país1, y aun así tanto la demanda como y la oferta van en aumento. A esto se le debe agregar el despilfarro de recursos en el sistema judicial, penal y sobretodo carcelario, organismos que se ven sobrepasados e inhabilitados de realizar sus labores para causas realmente valiosas. Estos millonarios recursos debiesen ser enfocados en un modelo reducción de daños, educación, prevención de uso problemático y rehabilitación.
Paradigma Prohibicionista vs. Paradigma de reducción de daños
Primero que todo, la ley 20.000 debe analizarse desde el modelo prohibicionista pues el accionar del Estado ha puesto énfasis en el control de la oferta mediante sanciones expresadas en términos de delitos. Este modelo se ha enfocado en la utópica idea que el control de la oferta puede lograrse mediante la persecución penal y policial. Según el Estudio Nacional Sobre Costos Humanos, Sociales y Económicos de las Drogas en Chile, el costo total que significó para Chile el consumo de drogas ilícitas alcanzó un total de 266.744 millones de pesos, equivalente al 0,45% del PIB del país. Un 47% de este costo se utilizó en controles, persecuciones y sanciones de ilícitos. Contrariamente, solo se utilizó un 2% en salud pública2.
Por contraparte, Eutopia sostiene una visión basada en reducción de daños. Tal como el presidente de Guatemala Pérez Molina alguna vez dijo “esta situación me hace cuestionar cosas bastante obvias: ¿estamos verdaderamente combatiendo a las drogas? Si es así, ¿por qué en todo el mundo aumenta el consumo, la producción y el tráfico se ha esparcido ampliamente?”3. Justamente, el modelo de reducción de daños se centra en la salud pública, promoviendo aquellas políticas dirigidas a reducir los daños a la salud, fomentando la seguridad y el bienestar de la población. Un modelo exitoso debe basarse en la reducción de la demanda, y debe comprender que de forma simultánea a la persecución se deben llevar a cabo labores de prevención, tratamiento, y reducción de daños.
Mal uso de recursos económicos, operacionales y humanos
El modelo prohibicionista enfocado en el control de la oferta, sumado a la persecución centrada en consumidores, “microtraficantes” y cultivadores, conlleva a una utilización de recursos muy ineficiente por parte de las entidades responsables. El estado destina demasiado foco en las detenciones asociadas a Ley de Drogas en desmedro de delitos más significativos, como lo son los delitos de mayor connotación social (DMCS). Al realizar un análisis de las denuncias y detenciones relacionadas a la Ley de Drogas del año 2011 en comparación a otros ilícitos de connotación social del mismo periodo, se observa una altísima efectividad de ofensas a la Ley de Drogas1. A modo de ejemplo, si en 2011 hubo 2700 denuncias por violación, solamente 511 casos condujeron a detenciones (18%). De igual manera, de las 94 mil denuncias efectuadas por robo con violencia, solamente 13 mil resultaron en detenciones (14%). Contrariamente, la efectividad de ofensas a la ley de drogas (88%) resulta tan abismante que hasta genera desconfianza pues denota la facilidad con la que se le puede imputar a un individuo mediante la Ley de Drogas, y asimismo esboza hacia donde se dirigen los esfuerzos policiales. A fin de cuentas, resulta conveniente aumentar la sensación de presencia policial y cumplimiento de metas utilizando la Ley de Drogas como instrumento mediático. La ciudadanía puede llegar a creer en una mayor presencia policial y “mano dura” del Estado, cuando en realidad se procesan usuarios en vez de traficantes, y peor aún, se dejan de lado causas muchísimo más importantes como los DMCS.
El año 2012 mantuvo la tendencia. Los DMCS llegaron a 124 mil aproximadamente, mientras que solo por infracción a la ley 20.000 de drogas las detenciones fueran más de 85 mil personas, de los cuales más del 80% correspondieron a faltas por consumo, porte o cultivo. Como se aprecia en la siguiente tabla, la tasa de detenidos por infracción a la Ley de Drogas en relación a los DMCS es demasiado alta4.
Tribunales de Tratamiento de Drogas (TTD)
Un ejemplo exitoso alineado con medidas de reducción de daños es lo ocurrente con el Tribunal de Tratamiento de Drogas (TTD). El TTD es un programa que pueden aplicar los Juzgados de Garantía chilenos consistente en una metodología procesal para rehabilitar a quienes presentan consumo problemático de drogas asociado a la comisión de delitos. El programa consiste en el tratamiento vigilado de su adicción por un lapso de 1 año de duración. Los TTD resultan una prueba elocuente que la prevención del delito es mucho más eficiente que la represión. La reinserción social y rehabilitación es parte de la una buena política de prevención.
El año 2016, Chile contaba con 50.000 personas privadas de libertad en cárceles, de los cuales 30.000 personas (60%) presentaban consumo problemático de alcohol y otras drogas asociado al delito por el que estaba preso. De estas 30.000 personas 60% eran reincidentes, es decir, 18.000 internos, y se estima que un 37% de esa cifra lo será al menos 4 veces posteriores a su reclusión5.
El año 2014, 314 imputados fueron sometidos al procedimiento del TTD, acabándolo a fines del mismo año. En diciembre del año 2016, es decir, al menos un año posterior al egreso del programa, se procedió a estimar el % de reincidencia. La tasa de reincidencia de este grupo fue del 9%. Resulta abismante la diferencia de reincidencia entre quienes se sometieron al programa (9%) vs. quienes no lo cursaron (60%). Por otra parte, el TTD no solamente significa una sustancial mejora al prevenir delitos y reducir daños a usuarios y sus familias, sino además resultó muy costo-eficiente pues el Estado gasta en un preso $890 USD mensuales, mientras que un imputado del programa TTD le significa $300 USD al mes5.
Presupuesto Prevención vs. Persecución
Otra forma de dimensionar el mal uso de recursos conforme el modelo prohibicionista es mediante la comparación en prevención versus persecución. El instrumento estatal encargado de organizar y ejecutar todo el plan de acción en cuanto a prevención de drogas se conoce como SENDA Previene. Las facultades de este organismo incluyen la instalación de sistemas de promoción, prevención, tratamiento e integración social para abordar el consumo de drogas, la implementación de la oferta programática institucional, caracterización de las condiciones ligadas al consumo de drogas y la articulación de alianzas con actores sociales. La Ley de presupuesto durante el año 2018 asignó un monto de $ 4.398.113.000 para la ejecución del Programa SENDA Previene. De igual manera, en abril del mismo año mediante una minuta pública SENDA informó que el programa requiere de un extra de $1.402.141.852 para mantener su cobertura y continuidad del programa. Ambos montos suman una cifra de $5.818.254.8526.
Por contraparte, el Plan Nacional Contra el Narcotráfico (PNCN) es el organismo cuya misión es velar por la seguridad pública en problemas referidos a drogas. Las funciones del PNCN incluyen la reducción del ingreso, distribución y disponibilidad de drogas ilícitas, el incremento del presupuesto en el control de microtráfico, el desbaratamiento de organizaciones criminales, fortalecimiento de control fronterizo o la erradicación de focos de venta de drogas. Las instituciones que ejecutan el PNCN son Carabineros de Chile en conjunto con la Policía de Investigaciones. Tanto Carabineros de Chile como la PDI tienen un presupuesto propio para cumplir con el programa PNCN, recibiendo además una inyección presupuestaria desde la Subsecretaría del Interior. La siguiente figura detalla los recursos totales con que cuenta tanto Carabineros como PDI para realizar sus funciones fiscalizadoras relacionadas a la Ley 20.000 de drogas7.
A partir de la figura se desprende que el monto presupuestario del PNCN asciende a 28.402.186 millones de pesos. Como se logra apreciar, el presupuesto destinados a la persecución versus aquel destinado a la prevención es 5 veces mayor. Esta desbalance no tiene justificación, pues a pesar que el presupuesto PNCN aumente progresivamente año tras año, la oferta de drogas en Chile sigue en aumento. Por otra parte, medidas destinadas a la previsión y reducción de daños tal como el TTD exhiben resultados positivos en términos sociales, utilizando una fracción de los recursos.
Los números demuestran una vez más como el modelo prohibicionista fracasa al ser comparado con un modelo de reducción de daños. Por ello, en Eutopia consideramos de urgencia la modificación de la Ley 20.000 de Drogas pues significa un despilfarro de los recursos de todos los chilenos.
Mercado del Cannabis: Ingresos Billonarios
El año 2019 en su tesis de Magister de la Universidad de Ciencias Aplicadas en Berlin, M. Villagra desarrolla un análisis muy detallado cuantificando los ingresos en impuestos que significaría el mercado del cannabis en Chile. Utilizando información de la Encuesta Nacional de Drogas sobre Población General en Chile (ENPG), la estructura de los impuestos al tabaco en Chile, entrevistas personales y esquemas de impuestos aplicados en Estados Unidos, Villagra logra modelar posibles recaudaciones tributarias bajo diferentes escenarios de demandas8. Asimismo, el informe comienza sobre la base empírica que la ciudadanía nacional año tras año aumenta su apoyo a la despenalización9.
Conforme su altísimo consumo nacional, Villagra modela 2 escenarios suponiendo que la demanda del cannabis será inelástica y considerando un IVA del 19%. Para el escenarioN°2 agrega además un impuesto específico equivalente al realizado por el estado de Colorado en Estados Unidos. El escenario N°3 se modela a partir del modelo de tributario del tabaco en Chile, es decir, agregando un impuesto ad valorem del 30% + un impuesto ajustado por UTM por cigarrillo. El cuarto escenario contiene un análisis más profundo pues considera que el precio final debiese incluir las consecuencias adversas de su consumo, como el impacto negativo en los ingresos y la salud. Igualmente, incluye la disminución en el costo de producción mediante la legalización del producto. Para ello introduce un impuesto adicional del 65.7%. El escenario N°5 considera los costos de producción actuales y luego ingresa un impuesto para completar la brecha entre el costo de producción marginal por gramo y el precio de venta promedio fijado (equivalente a $5968 por gramo)8. A continuación se detallan los montos en recaudación anual expresados en millones de USD dólares.
Los escenarios N°1 y N°2 logran recaudar entre $91-$213 millones de dólares anuales, dependiendo del tamaño del impuesto y la cantidad consumida. Bajo el escenario N°3 se recaudaría entre $151-$187 millones de dólares anuales, equivalente al 0,26% y 0,32% de los ingresos totales del país. El escenario N°4 proyecta una recaudación tributaria entre $238-$294 millones de dólares por año. Este modelo parece ser el más factible dado que considera un margen que pueden generar las empresas incluido en el precio final. Finalmente, el escenario N°5 considera costos de producción y resulta en recaudaciones entre $443-$548 millones de dólares anuales.
Tal como señala Villagra “Esta es una característica clave que la legalización podría aportar a la economía chilena y es una gran oportunidad para que el gobierno la aproveche e incorpore una estructura impositiva en el mercado del cannabis. Esto puede ser lo suficientemente alto como para ampliar la recaudación de impuestos y traer dinero fresco a las arcas fiscales”8. El autor hace hincapié que el análisis no debiese centrarse en potenciales ingresos sino más bien en asignación de beneficios para que el Estado garantice el bienestar social, tales como mayores transferencias de efectivo hacia grupos vulnerables al igual que gastos en asistencia familiar y educación. La despenalización y el auge del mercado cannabico además suponen la minimización del mercado negro e impactos indirectos muy benéficos en crimen y justicia. Se estima además que generaría decenas de miles de nuevos puestos laborales en el mercado mismo y en mercados asociados.
