Porque lo hacemos > La Ley 20.000 de Drogas resulta injusta al fomentar la desigualdad social mediante una persecución enfocada en los sectores vulnerables, en lugar de resguardar su salud.

La Ley 20.000 de Drogas resulta injusta al fomentar la desigualdad social mediante una persecución enfocada en los sectores vulnerables, en lugar de resguardar su salud.

Los escenarios N°1 y N°2 logran recaudar entre $91-$213 millones de dólares anuales, dependiendo del tamaño del impuesto y la cantidad consumida. Bajo el escenario N°3 se recaudaría entre $151-$187 millones de dólares anuales, equivalente al 0,26% y 0,32% de los ingresos totales del país. El escenario N°4 proyecta una recaudación tributaria entre $238-$294 millones de dólares por año. Este modelo parece ser el más factible dado que considera un margen que pueden generar las empresas incluido en el precio final. Finalmente, el escenario N°5 considera costos de producción y resulta en recaudaciones entre $443-$548 millones de dólares anuales. 

Tal como señala Villagra “Esta es una característica clave que la legalización podría aportar a la economía chilena y es una gran oportunidad para que el gobierno la aproveche e incorpore una estructura impositiva en el mercado del cannabis. Esto puede ser lo suficientemente alto como para ampliar la recaudación de impuestos y traer dinero fresco a las arcas fiscales”8. El autor hace hincapié que el análisis no debiese centrarse en potenciales ingresos sino más bien en asignación de beneficios para que el Estado garantice el bienestar social, tales como mayores transferencias de efectivo hacia grupos vulnerables al igual que gastos en asistencia familiar y educación. La despenalización y el auge del mercado cannabico además suponen la minimización del mercado negro e impactos indirectos muy benéficos en crimen y justicia. Se estima además que generaría decenas de miles de nuevos puestos laborales en el mercado mismo y en mercados asociados. 

SENDA Décimo Segundo Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar de Chile. 2017.

Desigualdad de Genero

La Ley 20.000 también resulta en desigualdades para las sentencias según el género del imputado. Desde su promulgación el 2005, la cifra de mujeres encarceladas y condenadas por delito a la Ley de drogas se ha duplicado. Del total de la población femenina en reclusión, el 55% lo está por delitos a la Ley 20.000, muy diferente el caso masculino que llega a un 20%. Peor aún, al investigar las sentencias se observa que el cumplimiento de condena más habitual para el 54% de las mujeres varía entre 3-10 años, a pesar que un 46% de ellas se encuentre categorizado por la autoridad penitenciaria como de Bajo Compromiso Delictual4. Estos valores denotan una clara desproporción punitiva entre el tipo de condena y el perfil criminológico en las mujeres en reclusión. Asimismo,  según el estudio “Ley 20.000 Tráfico, consumo y micro tráfico de drogas. Elementos jurídicos y sociológicos para su distinción y defensa”, luego de evaluar 1.300 causas y sentencias, el documento concluye categóricamente  que, cuando el imputado es mujer, tiene 2.54 más chances de ser imputado por microtráfico sobre consumo-porte en comparación a un hombre. De igual manera, las mujeres resultaron ser significativamente más condenadas que los hombres pues de un total de 357 mujeres, 274 fueron sentenciadas como culpables en comparación a 762 de un total de 1.012 hombres. Si en la actual sociedad chilena ya existen menos oportunidades laborales para la mujer, discriminación salarial, mayores costos de salud y exclusión conforme la maternidad, la desigualdad penal acaba por reforzar la vulneración en aquellas mujeres con consumo problemático de drogas o delitos relacionados.  Al mismo tiempo, las mujeres se ven más afectadas dentro de las cárceles considerando que los recintos no cuentan con los estándares mínimos y frecuentemente acaban por ser víctimas de situaciones de maltrato sicológico y abuso sexual.