Actualmente, el Estado no sabe objetivamente como son las drogas consumidas en Chile pues no se ha ejecutado ningún estudio que evalué la real composición de las drogas que circulan en la calle. El único estudio que ha abarcado superficialmente este tema fue realizado por el ISP hace algunos años. Sin coordinación con los demás organismos públicos, el estudio solamente abarcó analizar el contenido de THC de cannabis de 15 muestras obtenidas el 2013 y 15 muestras del año 2017. Los resultados corroboraron la tesis que las concentraciones de THC se encuentran en aumento, sin embargo, la muestra no fue lo suficientemente grande para considerarla de utilidad ni menos representativa.
Si bien la Ley 20.000 contempla un “Análisis de Pureza” de las sustancias incautadas, únicamente las muestras de drogas requisadas mayores a 10 gramos son enviadas al ISP, a excepción del cannabis el cual es gestionado por el Servicio de Salud. Toda incautación menor a 10 gramos simplemente no se analiza, incluso considerando que este intervalo representa la mayor proporción de incautaciones. Contextualizando, durante el año 2012 se registró la incautación de más de 25 mil muestras de cocaína con un peso inferior a los 0.6 gramos neto, representando el 61% de las muestras de cocaína recibidas durante aquel año1. Resulta insólito el desinterés de las autoridades por conocer en detalle la calidad de las drogas en cuestión pues afecta directamente la salud del consumidor y el riesgo que implica en el potencial usuario.
Asimismo, la falta de estudios rigurosos acaba por desinformar a la población. Un claro ejemplo se observa en el Décimo Segundo Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar de Chile realizado el 20172. El documento desglosa la marihuana entre 3 tipos; verde, prensada y transgénica. Primero que todo, los autores ni siquiera se detienen a definir estas categorías ni menos a dar luces de sus diferencias. Peor aún, el estudio comete un serio error pues la marihuana transgénica no existe. La transgenia como tal es la adición de genes desde una especie hacia otra mediante técnicas de aislación en laboratorio in-vitro, situación que nunca se ha realizado en cannabis. Los organismos responsables del levantamiento de estudios de drogas en Chile no pueden caer en errores tan básicos como estos pues manipulan la percepción del consumidor.
Otro punto de vital interés recae en el “Análisis de Pureza”. Primero que todo, el análisis en realidad consiste en la medición del % de pureza de la droga. No entrega resultado alguno sobre la composición real del producto, ni una descripción de los aditivos incorporados, los que a su vez pueden ser altamente tóxicos o venenosos. En materia de cannabis, los estudios solamente se limitan a entregar el % de THC, incluso cuando un análisis organoléptico permitiese identificar una adulteración evidente. Existe un consenso general que las drogas son adulteradas a medida que se distribuyen de eslabón a eslabón, bajando su porcentaje de alcaloide en desmedro de un aumento de aditivos desconocidos potencialmente más tóxicos que la droga en cuestión. A modo de ejemplo, considerando que la cocaína entra a Chile por el norte desde los países vecinos productores, 1 kilogramo de cocaína incautado en Punta Arenas será una sustancia diametralmente diferente a 1 kilogramo incautado en Antofagasta conforme un alto grado de adulteración y adición de elementos tóxicos. No tiene sentido conocer el grade de pureza del compuesto activo si este no va acompañado del listado de las impurezas acompañantes. El estado ha optado por descuidar la salud de los usuarios al excluir este foco de su “Análisis de Pureza”.
Sumado al desinterés del Estado por mejorar cuantitativamente el número de muestras, y cualitativamente la calidad y rigurosidad de los resultados pertinentes, existe también una falta de asignación de presupuesto para la ejecución de los análisis. En la práctica, hoy en día se evidencia una redistribución del presupuesto desde otros ítems para poder costear los tests pues no existe presupuesto. “De hecho los costos de los análisis en los juicios, los fiscales, defensores, tribunales, ordenan hacer análisis de droga pero no los costea nadie, no van a costo de nadie, en la ley no aparece en ninguna parte quién se hace cargo de esos costos”1. Tampoco existe una normativa clara en relación a la destrucción de las drogas.
Todos estos esfuerzos sumados permiten esclarecer como el Estado en realidad no tiene como fin último ayudar a quienes han caído en las drogas ni contribuir a la salud de la población, sino más bien estigmatiza a las drogas y a sus usuarios.