¿Por qué tapar el sol con un dedo?: La regulación del cannabis como una oportunidad para el desarrollo social y económico en Chile.

Autores: Rodrigo Brito y Mijail Villagra

La cannabis es una planta que, más allá de sus connotaciones culturales (tanto positivas como negativas), ha estado presente en el desarrollo de la sociedad desde hace más de un milenio, tomando la forma de diversas mercancías: desde la flor seca de cannabis que habitualmente se consume mediante combustión hasta la elaboración de textiles y alimentos, pasando por sus usos medicinales propios o como insumo para elaborar otros medicamentos. Si bien estos usos del cannabis continúan siendo relevantes hoy en día, podría decirse con bastante seguridad que el uso más extendido y relevante en términos legislativos es el consumo adulto (Recreacional, Espiritual, Cultural u otro uso no Medicinal). De hecho, cifras oficiales del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) indican que la cantidad estimada de consumidores activos de marihuana (es decir, flor seca de cannabis) en Chile ha aumentado en un 229% solo en el periodo comprendido entre el 2011 y el 2018, con un aumento promedio de 37% cada dos años.

En este contexto, y siguiendo nuevamente las cifras otorgadas por SENDA, se estima que solo el año 2018 los consumidores activos de cannabis gastaron al menos un aproximado de 435.759 millones de pesos chilenos en este producto. Como referencia, el año 2019 el fisco recaudó 418.611 millones de pesos chilenos en impuestos al alcohol etílico, lo que incluso supera al presupuesto de construcción del nuevo Hospital Barros Luco Trudeau. A este punto, es importante considerar que, si bien las estimaciones de SENDA permiten caracterizar a una porción básica de los consumidores activos de cannabis en Chile, el estigma y los problemas legales que tienden a vincularse con esta droga implican una alta probabilidad de que haya más consumidores que los considerados en las cifras oficiales, y por lo tanto, la cantidad de dinero que se transa en el mercado ilícito sea aún mayor. 

Estos antecedentes presentan un hecho polémico que se ha omitido constantemente en el debate sobre la regulación del cannabis. Pese a que el enfoque actual de las políticas en torno al consumo de esta droga pretende sancionar el narcotráfico y minimizar sus perjuicios sociosanitarios, la realidad es que este mercado informal jamás ha parado de crecer; incluso, podría decirse que ha aumentado fuertemente en la última década. De hecho, es importante señalar que, si bien el marco legislativo sobre el cannabis en Chile considera un pequeño -y varias veces insuficiente- margen de acción para aquellos usuarios que deseen abastecerse para usos personales y/o medicinales sin recurrir al narcotráfico, la ley de drogas vigente crea condiciones que empuja a la mayoría de los consumidores al abastecimiento ilegal, lo que lleva a su vez a la criminalización del mismo.

En vista de estos hechos, desde Fundación Eutopía se propone comprender los patrones y condiciones del consumo de cannabis en la actualidad no solo como un problema social, sino fundamentalmente como una oportunidad para el desarrollo socioeconómico del país. En efecto, en el artículo “Tamaño de mercado” de la misma Fundación, los autores estiman que una regulación del cannabis, similar a la de otras sustancias psicoactivas ampliamente aceptadas hoy en día como el alcohol o el tabaco, podría generar transacciones por hasta 829.739 millones de pesos (esto considerando los usos industriales, farmacéuticos, alimentarios y personales de la planta). Además, según el artículo “Recaudación tributaria del cannabis”, se estima que la recaudación tributaria por la flor seca de la planta podría generar ingresos fiscales de 73.941 millones de pesos al año aproximadamente. A modo de referencia, puede mencionarse que este monto representa el 103.2% del presupuesto de SENDA del año 2020.

Pero, ¿cómo podemos tener estas certezas? Algunas experiencia internacionales han mostrado que los esquemas impositivos que se erigen en torno al cannabis producto de la regulación pueden contribuir ingresos aún mayores: por ejemplo, el año 2019 el Estado de Washington en EE.UU. ingresó 395 millones de USD a sus arcas producto del comercio cannábico, lo cual se destinó a ayudas sociales e investigación sobre drogas. Otro caso exitoso en este aspecto es Holanda, donde se estima que el Estado recaudó 553 millones de USD el 2008, a pesar de la compleja situación legal de la planta en este país (puesto que su consumo es tolerado, pero su cultivo es ilegal).

Dado este panorama, es de suma importancia cuestionarse: ¿por qué un recurso con tal potencial de desarrollo socioeconómico está sujeto a condiciones legales tan restrictivas? y más aún, si pese al complejo marco legal sobre el porte y consumo personal va en auge, ¿por qué no crear las condiciones institucionales para regularizar el creciente mercado del cannabis, que hasta ahora se escapa mediante el narcotráfico? Naturalmente, ya se esbozaron algunas ideas más arriba sobre esto, pero merece la pena un último párrafo para argumentar sobre los beneficios de un marco regulatorio para el mercado del cannabis. 

Primero, la formalización del mercado y una organización de la industria permite transparentar y legalizar las transacciones entre consumidores, productores, distribuidores y comerciantes, lo que aporta beneficios económicos directos a la vez que crea un comercio seguro del cannabis para todas las partes involucradas. Esta formalización debe venir acompañada de un empuje importante en la innovación, implementación de nuevas tecnologías, el desarrollo de nuevos productos y la investigación de vanguardia para el correcto crecimiento del mercado. 

Segundo, la legalización de este mercado permite gravar a los involucrados. Existe un potencial de recaudación tributaria a niveles similares de las industrias del tabaco y el alcohol, que hoy en día son fuentes importantes de ingresos para el fisco. No solamente a través de un IVA y del impuesto a la renta o licencias asignadas a las empresas, sino también un impuesto adicional específico al cannabis. Se estima que puede ser hasta un 1% de los ingresos netos del Estado (para más detalle sobre esto, revisar artículo “Recaudación tributaria” de Fundación Eutopía). 

Tercero, Chile es un país con gran potencialidad agrícola, por lo que el cultivo de cannabis podría contribuir a la expansión y diversificación de la matriz productiva del sector, tanto en miras del mercado local como en el potencial comercio exterior de este producto (lo cual será una realidad más temprano que tarde). Adicionalmente, el procesamiento de la materia prima podría contribuir a la generación de empleos legítimos en un mercado que, hasta ahora, opera en la clandestinidad y agudiza la vulnerabilidad de los eslabones más bajos de la cadena (para más detalle sobre esto, revisar artículo “Prohibicionismo y género” de Fundación Eutopía). 

¹Todo esto basado en datos del Estudio Nacional de Drogas en Población General de Chile (2012, 2014, 2016 y 2018), a cargo de SENDA.

Cuarto, fomentar emprendimientos y no criminalizar usuarios. La oportunidad de organizar la industria con un foco en los pequeños productores, otorga ciertas posibilidades para que no se genere una concentración de mercado, favoreciendo la creación y el crecimiento de pequeñas y medianas empresas que participen del mercado. Es decir, los productores que hoy en día se esfuerzan (pese a la criminalización) en posibilitar el abastecimiento responsable para sí mismo y otros, podrán ser tratados como emprendedores generadores de valor y de empleo. Esto, naturalmente expande, las posibilidades de desarrollo de las distintas comunidades. 

Quinto, alejar a los usuarios y usuarias del narcotráfico y sus riesgos, sobre todo a los niños, niñas y adolescentes. La instauración de puntos de venta autorizados debe estar acompañada de una normativa clara y estricta, lo que debería considerar la prohibición de la venta para menores de cierta edad límite. A su vez, esta medida tiene que venir acompañada de una fuerte y renovada educación en materia de drogas, enfocada en el autocuidado ante el consumo de drogas y el retraso al consumo temprano de las mismas. El rol de los Ministerio de Salud y de Educación es clave en este aspecto. Deben trabajar al amparo de una mirada de Salud Pública y Bienestar respecto al consumo de drogas y no la actual mirada punitiva y criminalizadora, que como ya sabemos, ha sido un rotundo fracaso.

Es momento de dejar de intentar tapar el sol con un dedo y aceptar los hechos desprejuiciadamente, pues mientras la ley de drogas actual se ensaña en negar la existencia del consumo de cannabis mediante la criminalización y la prohibición, se desperdician importantes oportunidades de desarrollo socioeconómico. Al mismo tiempo se abandona a los consumidores y terceros que sufren las consecuencias del narcotráfico. Hoy están los usuarios, el dinero se está moviendo, mientras el Estado ignora o castiga incorrectamente a quienes debería proteger y apoyar. Ahora es cuando se deben sembrar nuevas políticas públicas para mañana cosechar una mejor calidad de vida.